IVEI-INSTITUTO VALENCIANO-INVESTIGACION ECONOMICAS
La Comunitat Valenciana es la quinta región española que más recurre a los conciertos con empresas privadas para prestar servicios públicos. Así se desprende del informe anual sobre la economía de España que presentó este jueves el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en colaboración con el BBVA.
Según el documenteo, el gasto público en la Comunitat Valenciana tiene un fuerte sesgo en el apartado de gastos corrientes, algo común en aquellas autonomás en que se apoyan más en la concertación con el sector privado para la prestación de servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
«Las diferencias entre comunidades no son solo de niveles de gastos sino de composición de los mismos y reflejan distintas opciones en la producción de los servicios públicos bajo su responsabilidad, sobre todo en salud, educación y servicios sociales. Estas actividades son intensivas en empleo y allí donde su producción es en mayor medida pública aumenta el peso de la remuneración a los asalariados y los con- sumos intermedios», explica el informe.
En este sentido, cuando se apoya más en la concertación con el sector privado gana peso la partida resto de gastos corrientes. Por la importancia de esta segunda opción sobresalen Illes Balears, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. El PP gobierna en la mayoría de estas comunidades. «En ellas el peso de los pagos a los empleados públicos es inferior en cerca de diez puntos porcentuales a los de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía», explica el informe.
DESCENTRALIZACIÓN Y CRISIS
El informe señala que la descentralización de España hace que una parte muy importante del gasto público en prestación de servicios se realice por parte de comunidades autónomas y corporaciones locales. «Por eso su peso en el empleo público alcanza el 80% del total y estas administraciones son las que más han soportado las tensiones de los ajustes de empleo de los últimos años».
Estos han alcanzado aproximadamente a 194.000 empleados públicos y han sido proporcionalmente más intensos en las corporaciones locales. La reducción se ha concentrado en un 50% en las corporaciones locales y en un 33% en las comunidades autónomas, en particular en el personal sanitario -con una reducción cercana a 28.500 empleados- y en el educativo -más de 30.000-.
Respecto al gasto en empleo público, varía notablemente en las distintas autonomías, con un rango de variación que va del 30,1% del PIB Extremadura al 17,9% de Cataluña. La Comunitat Valenciana, por debajo del 20%, es la tercera que menos gasta en funcionarios.
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