El PP alargará cinco años más la concesión del hospital de Alzira

Comunica al comité de empresa que activará la prórroga prevista en el contrato, que vence en 2018 Fabra descartó hacerlo antes de las elecciones

 

El PP alargará cinco años más la concesión del hospital de Alzira

El Partido Popular ya ha comunicado al comité de empresa del hospital de la Ribera que su intención es alargar 5 años el contrato como se estipula en las condiciones firmadas en su dia, ya que es uno de los Hospitales mejor gestionados y que menos dinero le cuesta al erario publico de toda España, ya que ha recibido innumerables premios por ellos durante todos estos años.

Además el Ministerio de Sanidad no publica datos económicos y de gestión de hospitales públicos que son gestionando por funcionarios porque las cifras son incomparables, pero de media se sabe que estos Hospitales cuestan un 25% más de coste que los otros para los ciudadanos españoles.

Fabra aparca el ‘modelo Alzira’ para evitar una ‘marea blanca’

El jefe del Consell no quiere abrir más debates espinosos, ya tiene bastantes en su agenda, antes de que acabe la legislatura. Por ello, ante la pregunta del síndic de Compromís, Enric Morera, sobre si pensaba prorrogar el ‘modelo Alzira’ en la sanidad antes de que acabara la legislatura -tal y como piden las adjudicatarias que temen que una victoria del tripartito les impida continuar-, el jefe del Consell sorprendió a propios y extraños e indicó que su Gobierno no tiene previsto «prorrogar ninguna de las concesiones sanitarias existentes ni va a hacer ninguna nueva».

Estas rotundas palabras del presidente descolocaron a Morera que incluso, incrédulo, lo volvió a preguntar en su segunda intervención en la sesión de control del Parlamento. A lo que Fabra respondió de igual manera. Incluso añadió en su réplica que los dos nuevos hospitales previstos -el de Gandía y el de Llíria- no tendrán la gestión indirecta dejando la intervención que el portavoz de Compromís llevaba preparada en papel mojado.

La contestación del presidente causó cierta incertidumbre en el sector de las concesionarias que veía como de sus palabras se podía intuir el fin de la apuesta por el modelo Alzira. No obstante, desde Presidencia, horas más tarde, se matizaban esas declaraciones y se recordaba que la pregunta de Compromís se refería a posibles movimientos en lo que queda de legislatura para blindar estas concesiones, con lo que no se cerraba la puerta a futuras ampliaciones cuando los contratos expiren.

En la misma línea, los colaboradores de Fabra remarcaban que, durante su intervención en la Cámara autonómica, el jefe del Consell había defendido las bondades de ese modelo; tanto en eficiencia como en satisfacción de los usuarios. En el pleno, Fabra llegó a señalar que la petición de Compromís de revertir los conciertos -que comparten tanto Esquerra Unida como el PSPV- obligaría a pagar un rescate de «miles de millones». «¿De dónde los va a sacar?», «¿Qué hará con el millón y medio de ciudadanos adscrito a estas áreas sanitarias?» «¿Y con los 5.600 trabajadores que se podrían ir a la calle?», le espetó Fabra visiblemente molesto.

Unos argumentos que dejan la puerta abierta a que, una vez se acaben las concesiones, se pueda ampliar las prórrogas. No obstante, Fabra jugó ayer a la ambigüedad. Es consciente de que en la actualidad todo se cuestiona y que, después del fracaso de la privatización de la sanidad madrileña, cualquier movimiento suyo en favor de los blindajes puede ocasionar movimientos ciudadanos en su contra. Por ello, sabedor de que hay de por medio unas elecciones, no quiere tomar ninguna decisión antes de que los votantes se pronuncien. Y en función de los resultados de 2015, actuará de una forma u otra si todavía recae en él la responsabilidad de la gestión.

El debate de las Cortes tuvo su repercusión entre las empresas involucradas en las concesiones hospitalarias que se aferraron a que Fabra no movería ficha antes de las elecciones (en la actual legislatura) aunque el comentario generalizado entre los trabajadores de los centros era de dudas sobre lo que iba a pasar después de los comicios.

En el Hospital de la Ribera la concesión caduca dentro de tres años, en concreto el 31 de marzo de 2018. Con la ampliación se llegaría a 2023. En el resto de centros concesionales de la Comunidad, como Torrevieja, Denia, Manises o Elche-Vinalopó, la situación no sería tan dramática porque los contratos culminan en 2021, 2023, 2024 y 2025, respectivamente. Si obtienen la prórroga se les sumarían cinco años más.

Reunión con Centene

En el pleno de ayer, Compromís también preguntó por si el Gobierno valenciano había tenido encuentros con el grupo sanitario estadounidense Centene que, supuestamente, estaría dispuesto a comprar las acciones de Bankia en Ribera Salud, que posee el 50% del total, mientras Sabadell-CAM dispone de la otra mitad.

El conseller Manuel Llombart respondió que no había habido ninguna reunión oficial a lo que la diputada Mònica Oltra repreguntó: «¿Y de forma no oficial?». Llombart salió bien asegurando que los responsables del Consell se reúnen con los concesionarios para vigilar que se cumplen los requisitos y se da un buen servicio a los ciudadanos.

Información extraida de:
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/07/5318e7abca4741ee238b457d.html

 

La privatización sanitaria de Madrid seguirá suspendida cautelarmente

Los planes del presidente madrileño, Ignacio González (PP), para privatizar la gestión de seis hospitales públicos van a seguir congelados, probablemente al menos durante meses. Así lo han decidido los 43 magistrados que han acudido al pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al que estaban convocados para deliberar sobre siete recursos presentados por asociaciones, sindicatos y oposición en contra del proyecto regional. Los jueces han acordado en apenas unas horas y por mayoría devolver los recursos a sus secciones de procedencia.

Según fuentes jurídicas, ha habido mucha discusión y se han anunciado votos particulares a la decisión, que supone un espaldarazo a la suspensión cautelar del proceso, en vigor desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional.

La decisión de los 43 magistrados ha sido recibida con sorpresa en el ámbito sanitario: se esperaba que se pronunciaran sobre los recursos en uno u otro sentido, pero no que los devolvieran a los juzgados correspondientes. Se trata de un varapalo para González, pero también para el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, que fue quien decidió avocar al pleno —someter un asunto a consideración de todos los magistrados de una sala— el caso de la privatización al considerar que las dos secciones que concentran los siete recursos (tercera y octava) tomaron decisiones que “resultan o pueden resultar contradictorias”.

Elevar la competencia sobre todos los asuntos relacionados con la privatización fue, además de “inusual”, según fuentes jurídicas, muy polémica. Los socialistas recusaron a Martínez Tristán porque consideraban que estaba demasiado relacionado con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid— como para ser imparcial. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto.

Con este magistrado ya fuera de la Sala —fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, cargo que requiere exclusividad; le ha sustituido Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad en la sala—, sus excompañeros han tumbado su decisión. Aseguran que entre las dos resoluciones a las que aludió Martínez Tristán no existe contradicción, según fuentes jurídicas, es decir, que no había motivo para avocar a pleno los asuntos. El recurso de la asociación de médicos AFEM en la sección tercera pedía la anulación de un acto administrativo. En cambio, el caso que se seguía en la octava era un recurso especial de protección de derechos fundamentales instado por CC OO y que fue inadmitido.

Al enviar el asunto de nuevo a la sección tercera, será esta la que decida si levanta la suspensión, como le pide el Gobierno regional, o la mantiene, como defiende AFEM y todas las organizaciones que han apoyado en el último año la marea blanca de protesta contra la privatización de la gestión sanitaria.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que la decisión de los magistrados no supone ningún “golpe” para el Gobierno regional y ha pedido a los jueces que “resuelvan con rapidez” los recursos y que se disipe la “incertidumbre”, informa José Marcos. Ribera Salud, una de las tres empresas concesionarias de los centros (junto con Hima San Pablo y Sanitas), ha afirmado que lamenta “profundamente que continúe esta situación de incertidumbre que no favorece a nadie”. Las empresas están personadas en los procedimientos judiciales por considerarse perjudicadas.

Los hospitales fueron adjudicados, con la oposición en bloque de todos los partidos excepto el PP, sindicatos y asociaciones de profesionales sanitarios, en agosto pasado. Las empresas no llegaron a tomar posesión, porque distintos juzgados empezaron a decretar la suspensión cautelar del proceso en septiembre.

“Estamos convencidos de que en esta legislatura no se va a poder proceder con la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño, así que recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que lo incorpore al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan”, ha señalado Tomás Gómez. En su opinión, la decisión adoptada por el pleno del TSJM “desautoriza” a Martínez Tristán como su “inspirador”. Fuentes del PSOE han afirmado que haber avalado la designación de Martínez Tristán para ser vocal del Poder Judicial fue una decisión positiva porque supuso apartarle del caso. En declaraciones a la SER, José Manuel Freire, portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, ha considerado que la decisión judicial de hoy implica que el proceso de privatización de la sanidad «está muerto».

Fátima Brañas, portavoz de AFEM, ha expresado a Efe su satisfacción: “Si las secciones estaban haciendo su trabajo correctamente, lo razonable, y parece que es el punto de vista jurídico, es que estas continúen con su trabajo”. “La constitución de una sala especial para tratar estos asuntos era una decisión absolutamente anómala, así que la decisión nos parece razonable y justa. Significa que se va a preservar un sistema de gestión pública más barato y más eficaz”, ha señalado el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle. «Nos parece una decisión absolutamente razonable y justa», ha asegurado el secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián Ezquerra.

A las puertas del TSJM en la calle General Castaños se han concentrado, en coincidencia con el inicio del pleno y convocados por la plataforma Sanidad en Lucha bajo el lema No es de Justicia privatizar la sanidad, un centenar de personas en defensa de la sanidad pública que pedían a los magistrados que defendieran los «derechos básicos» de la ciudadanía.

Enlace ElPais:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/09/madrid/1389259926_976351.html