Nuevas vías para privatizar la sanidad: Que tiemble la «Marea Blanca»

• El libro ‘La salud como negocio’ desgrana las nuevas brechas para la entrada de empresas después de que la marea blanca frenara la adjudicación a contratistas de centros médicos
• El tratado TTIP entre Europa y EE UU, los ‘lobbies’ profesionales y la puerta giratoria entre directivos siguen presionando para mantener abierto el «nicho de negocio» de la salud
• El texto ha sido coordinado por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública y advierte de que continúa el intento de «poner lo público al servicio del sector privado»

Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP),

Si la tendencia no se detiene, pronto habrá una sanidad para ricos, que puedan pagarse un seguro médico privado, y otra para pobres, una especie de beneficencia: el mismo sistema dual que al que la democracia dio carpetazo en España hace ya cuatro decenios. Es la principal advertencia que recoge el libro La salud como negocio, escrito por cinco miembros de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que se ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados y reclama “una sanidad pública, propiedad del conjunto de la ciudadanía”.

Pablo Vaamonde, médico de atención primaria en A Coruña y coordinador del libro, ha acusado al Gobierno de «burlar la democracia y mentir a sus electores» cuando en la campaña electoral negó reformar la sanidad, algo que incumplió al cabo de pocos meses. «El RDLey 16/2012 ya estaba escrito. Ana Mato no lo escribió en solo tres meses». Vaamonde ha insistido en que el libro pretende ser una herramienta para toda la ciudadanía. «Estamos viviendo una expropiación de derechos básicos de los ciudadanos», ha insistido.

Caminos para el capital privado

Una vez detenida la fuerte oleada de cesión de gestión a empresas, existen nuevas maneras de privatización, analizan los autores del libro. La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que están negociando la Comisión Europea y EE UU puede tener mucho que ver con esa prolongación del camino emprendido. «Abrirá los servicios sanitarios públicos europeos a las empresas estadounidenses», denuncian. La situación es especialmente grave porque el tratado podría hacer irreversibles estas privatizaciones –»nicho de negocio»– ya que la legislación estatal quedaría condicionada por la normativa de la Unión Europea, de rango superior. Incluso se deberían relevar a tribunales internacionales ad hoc, ha destacado Vaamonde.

Por su parte, Manuel Martín, presidente de la FADSP y coautor del libro, ha destacado las nuevas sinergias, interrelaciones y lobbies que persiguen avanzar en la privatización de la sanidad. Es el caso del Club Gertech, un «poderoso grupo de presión», «una gran alianza socieconómica» formada por gerentes y directores de centros hospitalarios públicos y privados, altos cargos, la Universidad Pública de Navarra y el Instituto Carlos III. Entre sus patrocinadores, figuran la multinacional Philips, que produce tecnologías de la salud o la farmacéutica Roche. Es habitual que en sus foros intervengan responsables de la administración pública.

Su objetivo es «poner la sanidad pública al servicio del sector privado«, vendiendo sus productos, externalizando los servicios diagnósticos de los centros públicos y obteniendo información generada y almacenada por el sistema público, muy valiosa para planear una estrategia comercial. Son algunos de los fines que ha desgranado Marín y que recoge, al detalle, el libro. El presidente de la FADSP ha destacado que el libro busca una visión positiva: «Esa enorme alianza, tan poderosa, tiene una gran debilidad. Es que son muy pocos. La gran mayoría de profesionales sanitarios tenemos intereses que no están con ellos. Si somos capaces de trasladar las graves consecuencias de esto, podremos conformar una gran alianza social y profesional con la que hacer frente a estos grupos».

Conciencia ciudadana

La amenaza del cambio de sistema ha calado en gran parte de la población, como se ha ido mostrando con las manifestaciones de la llamada marea blanca. Esta presión, junto a la acción en los tribunales, ha provocado dimisiones en la Comunidad de Madrid y la paralización de las privatizaciones en varias autonomías. «Las cosas que hacemos valen para algo, aunque no todos los resultados que nos gustarían», ha reconocido el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez-Bayle. Pero «no hay que ser ilusos, la privatización va a continuar aunque sea a paso de tortuga», advierte. Por eso apela a la conciencia ciudadana y anima a seguir defendiendo sus derechos.

El acto, organizado por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, ha contado con la presencia del también médico y diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha valorado cómo el libro expone los nuevos canales y vías para continuar con la privatización. «Estamos en la fase de la privatización transversal», ha asegurado. Llamazares ha puesto como ejemplo de ello la reformulación de las conocidas como áreas de gestión clínica, «que introduce criterios economicistas», y ha destacado el impacto negativo que provocará el TTIP. La Fadsp denuncia como las áreas de gestión clínica persiguen fragmentar los centros, creando microempresas dentro de los hospitales, financiadas con fondos públicos, pero reguladas por el derecho privado.

Llamazares ha hecho un análisis del proceso privatizador asegurando que se ha producido un cambio de paradigma. «Hemos pasado del modelo británico, consistente en privatizar a través de la gestión privada, al modelo alemán, que deriva los seguros públicos hacia seguros privados», ha explicado. El diputado de IU ha aplaudido la labor de la marea blanca y ha animado a la ciudadanía a seguir reivindicando sus derechos.

La puerta giratoria de la sanidad

Otra de las sinergias sobre las que pone el foco el libro es la que forman cajas de ahorro, empresas públicas privatizadas, grandes constructoras y responsables políticos de gobiernos estatales y autonómicos. Todos interactúan conformando un círculo de intereses cruzados. En este sentido, son conocidas las trayectorias de los ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes. El primero, tras abandonar el cargo, se convirtió en presidente de las sociedades Madrid Medical Destination S.L., Madrid Ciudad de la Salud y Madrid Centro Médico, que pretenden «potenciar el turismo sanitario de primer nivel». Estas sociedades reciben subvenciones públicas. Posteriormente, Sanidad incluso ha llegado a contratar a una de estas empresas para gestionar el hospital de Melilla. Güemes, por su parte, privatizó y externalizó el laboratorio de análisis clínicos de Madrid, cediéndolo a la empresa Unilabs. Cuando dimitió, esta le nombró consejero. El revuelo mediático le llevó a abandonar el cargo.

Los efectos de la privatización

En el libro, con un prólogo de Xosé Manuel Beiras y una introducción de Vicenç Navarro, también escriben María Luisa Lores y Sergio Fernández. Desgrana los recortes y cambios normativos que ya han acabado con la universalidad del Sistema Nacional de Salud y sus efectos sobre la población. Así, analiza los efectos del RD Ley 16/2012. Fruto de ello, la ampliación del copago «lleva al 16% de los jubilados a no poder completar sus tratamientos». Además más de un millón de personas, muchos de ellos inmigrantes, han quedado sin tarjeta sanitaria, al tiempo que se han potenciado los seguros, a un precio que no han podido asumir.

Al mismo tiempo, La salud como negocio insiste en cómo la gestión privada de hospitales y de otros centros sanitarios y las externalizaciones de servicios encarecen el coste. La externalización provoca al mismo tiempo que empresas como Sanitas tengan acceso a nuestro historial clínico. Otro ejemplo significativo es el de Indra, empresa privada con participación pública, que goza con una situación privilegiada.

Recortes por todos los lados: Ahora del servicio de urgencias del Hospital Militar

HospitalMilitarValencia

Trabajadores de la sanidad del Hospital Vázquez Bernabéu (Militar) de Mislata ha calificado la decisión de Sanitas de «irresponsable, mal intencionada e interesada, que no busca más que la rentabilidad económica de la concesionaria en detrimento de la calidad de vida y la seguridad de la ciudadanía de Mislata».

Se  hace un llamamiento a la ciudadanía «para aunar esfuerzos y rechazar, una vez más, las decisiones del PP de la Comunidad Valenciana que, sin tregua y sin pausa, van privatizando la sanidad, y en cada una de estas decisiones siempre sale perjudicada la población de Mislata».

La empresa privada Sanitas, que gestiona por concesión administrativa el Departamento de Salud de Manises y es responsable de la asistencia sanitaria de casi 200.000 ciudadanos de L’Horta y la Foia de Bunyol, sí que mantiene los equipos completos en las Urgencias y Puntos de Atención Continuada (PAC) del resto de poblaciones del mismo Departamento de Salud.

«Mislata es la población con mayor número de habitantes del Departamento, ya que cuenta con 50.000 tarjetas sanitarias que suponen el 25% del total de la ciudadanía atendida por la concesionaria Sanitas. Los ciudadanos de Mislata ya sufrieron, entre otras cuestiones el traslado de su PAC, anteriormente situado en el Centro de Salud y desplazado al antiguo Hospital Militar Vázquez Bernabéu, lo que supone alejarlo del centro de la población».

«Los acuerdos de la Conselleria con los ciudadanos de Mislata y con la Plataforma por la Sanidad Pública de Mislata, a prestar por la concesión privada, que incluían incrementar los servicios de Pediatría 24 horas, servicios de laboratorio de análisis clínicos y radiología, camas de observación de urgencias, etc., han sido incumplidos. Dichos servicios no sólo han desaparecido sino que, además, en éstos momentos, se reduce a la mitad la presencia del médico de Urgencias».

Esta temeraria decisión que, como en otras poblaciones, en periodo estival, cuando los escolares están de vacaciones, las piscinas están abiertas y las fiestas populares en marcha, generan unas variables potenciales de requerimiento asistencial de procesos urgentes adicionales a las normales del día a día».

«Por ello y en previsión de situaciones irreparables,  denunciamos este tipo de actuaciones porque ellas pueden perjudicar gravemente la atención sanitaria de los ciudadanos, y exigimos a la Conselleria que subsane de inmediato esta decisión, meramente especulativa y fuera de cualquier lógica de mejora de los servicios de salud pública, pues los ciudadanos/as de Mislata no pueden tener un trato asistencial distinto a cualquier otro de la Comunitat Valenciana».

Multa de 41.000 euros al hospital de Torrejón por exceso de un químico tóxico

Hospital_de_Torrejon_Inagurado_por_Alberto_De_Rosa y Esperanza Aguirre

El Hospital de Torrejón de Ardoz, centro de la red pública pero de gestión privada, se enfrenta a una multa de 40.986 euros por no adoptar medidas para prevenir la exposición del personal del laboratorio de Anatomía Patológica al formaldehído, una sustancia tóxica que puede provocar cáncer. La Inspección de Trabajo ha formulado una propuesta de sanción por esa cantidad por «superar los límites de exposición de un agente nocivo (formaldehído) sin adoptar las medidas preventivas adecuadas cuando se trata de riesgo grave e inminente». La calificación de la infracción es considerada como «muy grave» por la Inspección, según informa el sindicato de enfermería Satse, que fue el que denunció el caso.

Satse denunció en 2013 por el riesgo que suponía trabajar con valores de esta sustancia química muy superiores a lo establecido. La dirección del hospital tomó medidas, pero la Inspección las consideró insuficientes en marzo de 2014, nueve meses después de denunciado el caso. El texto de la Inspección señala que el formaldehído puede provocar «cáncer, es tóxico en caso de inhalación, contacto con la piel o ingestión, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves y puede provocar reacción alérgica a la piel».

El sindicato asegura en una nota que realizó repetidas denuncias a la dirección del hospital y que esta nunca respondía, por lo que acudió a la Inspección de Trabajo. Añade que el centro hizo unas reformas en el laboratorio, pero que se llevaron a cabo mucho después de la denuncia presentada, y cita el informe de la Inspección: «La concentración de formaldehído todavía continúa excediendo el límite […] por lo que la empresa debe adoptar las medidas para reducir la exposición». Satse pide que se cierre el laboratorio hasta que se solvente el problema.

Fuentes de Sanitas, la empresa que gestiona el centro, aseguran que no hay ningún trabajador afectado –«nadie ha caído enfermo ni ha tenido ningún tipo de situación médica vinculada a la exposición de formaldehído»–, que el hospital tomó las medidas oportunas para proteger a los trabajadores y que se trata de una propuesta de sanción, no de una sanción en firme. «Hemos presentado un recurso y confiamos en que nuestros argumentos sean escuchados», ha añadido un portavoz.

La empresa argumenta también que «es preciso entender que el funcionamiento de un Laboratorio de Anatomía Patológica está sujeto al uso de productos químicos y materiales potencialmente nocivos, como el formaldehido». «Todos los trabajadores del laboratorio de Anatomía Patológica del centro están formados específicamente en el manejo de estos materiales químicos y todos ellos cuentan, desde el primer momento de actividad del laboratorio, con equipos de protección individual (EPI) compuestos de guantes de protección mecánica, mascarillas para gases y vapores y filtros para gases y vapores. El empleo de este equipo elimina totalmente la exposición al formaldehido, como queda de manifiesto además en los resultados de los reconocimientos médicos llevados a cabo por la Sociedad de Prevención UMIVALE a todos los miembros del Departamento de Anatomía Patológica», añade Sanitas en una respuesta escrita.

El hospital de Torrejón ha interpuesto un recurso contra esta propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo porque entiende que «el hospital ha puesto en todo momento a disposición de los trabajadores equipos de protección individual cuya utilización elimina totalmente el riesgo referido en el acta de infracción». También argumenta que «en marzo de 2014, según recoge el propio acta de Infracción de la Inspección de Trabajo, el Hospital de Torrejón acometió unas obras para subsanar todas las deficiencias observadas». El centro volvió a hacer mejoras al seguir detectando «cierta exposición». «Los resultados de esta medición aún no han sido comunicados al hospital por los técnicos, pero tenemos la previsión de recibirlos en breve», añade.

Noticia extraida de:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/16/madrid/1405534964_283923.html

Las aseguradoras niegan ‘cerrar la puerta’ a los mayores de 65 años

“No es cierto que las aseguradoras de salud no estén renovando pólizas en personas de edad avanzada”. Así de rotunda se ha mostrado la presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, que no obstante ha defendido la adaptación de la prima al riesgo de cada usuario debido al carácter “exclusivamente privado” del seguro en España.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos.

González de Frutos, que ha sido preguntada por este asunto durante la presentación de la Memoria Social del Seguro 2013, ha realizado una defensa férrea de la actuación llevada a cabo por las entidades dedicadas al seguro de salud. “Tienen un fuerte compromiso con las buenas prácticas, que en ocasiones contempla incluso la imposibilidad de rechazar la renovación de una póliza a partir de una determinada edad”.  “No creo que las reclamaciones en este sentido reflejen una práctica generalizada”, ha agregado.

La presidenta de Unespa ha querido diferenciar entre la no-renovación unilateral de una póliza y la negativa por parte del usuario ante un cambio de condiciones. Respecto a este último caso, ha incidido en que “se hace una valoración del riesgo, y las cuotas se adaptan al uso que cada usuario hace de él”. Asimismo, ha recordado que la actividad aseguradora en España es “totalmente privada” y que los contratos son “bilaterales”. “Es posible que un asegurado decida no renovar su póliza por las condiciones que se le ofrecen, pero eso no quiere decir que nosotros no la renovemos”, ha sentenciado.

La máxima representante del sector asegurador ha rechazado la posibilidad de que el seguro de salud se convierta en un servicio que solo puedan permitirse los jóvenes, así como la posibilidad de estar discriminando a los mayores de 65 años con una subida de precios. “Discriminación es tratar igual a quienes son desiguales”, ha afirmado en referencia al mayor uso que se hace de los servicios sanitarios conforme aumenta la edad. “no se produce un aumento brusco de la prima, sino que se produce una progresión natural para equiparar el precio a los servicios utilizados”, ha argumentado asegurando que “el mismo precio para todos los usuarios supondría el fin del seguro privado”.

En su intervención, la presidenta ha tenido tiempo también para referirse a la situación del seguro español respecto a otros países en materia de salud. En ese sentido ha lamentado que no haya una mayor “conexión” entre el ámbito privado y el público. “Supondría una notable mejora de las áreas de disfunción y eficiencia de ambos lados”, ha concluido.

El ayuntamiento de Alcalá de Henares pide aclarar derivaciones al hospital de Torrejón

Hospital Universitario Principe de Asturias

Alcalá de Henares, 19 mar (EFE).-El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PP, pedirá a la Comunidad de Madrid datos sobre derivaciones de pacientes al hospital de Torrejón, integrado en la red pública regional de centros pero de gestión privada.

El Ejecutivo local hará la solicitud de información a la Consejería de Sanidad a instancias del grupo municipal socialista, que ha exigido aclarar los motivos del traslado de pacientes al centro de Torrejón en una moción aprobada por el pleno por unanimidad. La denuncia en relación a la falta de justificación de las derivaciones está relacionada en este caso con pacientes que precisa tratamiento en la Unidad Coronaria Intervencionista.

Según los socialistas, profesionales de Príncipe de Asturias han informado de que se está derivando a pacientes con ese perfil a Torrejón de Ardoz, pese a que el hospital de Alcalá puso en marcha hace dos años una unidad específica para abordar su tratamiento. La denuncia, de confirmarse, respondería a una «estrategia» del PP para «beneficiar» al hospital de Torrejón con más negocio por un aumento del número de pacientes atendidos, según los socialistas.

El resultado de esa estrategia tendría una incidencia en el «desmantelamiento» del Príncipe de Asturias, han señalado las mismas fuentes en un comunicado.En declaraciones a Efe, fuentes del hospital de Torrejón han negado que exista una derivación de pacientes adscritos al Príncipe de Asturias. Según los datos de la Consejería de Sanidad, solo existen dos casos de pacientes con ese perfil que hayan sido atendidos desde enero por el centro de Torrejón. En ambos casos, agregan las mismas fuentes, «eran pacientes que no estaban en el hospital Príncipe de Asturias, sino que solicitaron desde el barrio de La Garena (situado a las afueras de Alcalá) una ambulancia y fueron trasladados por el SUMMA hasta el hospital de Torrejón

Hacienda investiga a Sanitas por un supuesto fraude de 28 millones

Sanitas BUPA

La Agencia Tributaria tiene abierta una inspección al Grupo Bupa Sanitas al que acusa de defraudar supuestamente 28,07 millones de euros, según explican fuentes conocedoras del caso. El fisco español considera que la sociedad que gestiona servicios sanitarios y hospitales privados en España simuló una operación con empresas del grupo para evitar pagar 14,6 millones en 2007 y 4,4 millones al año entre 2008 y 2010. La sociedad se sirvió supuestamente de la deducción de gastos financieros y de la amortización del fondo de comercio para defraudar, según detallan las mismas fuentes que han tenido conocimiento del proceso abierto por la delegación de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria.

Hacienda considera que los gastos financieros y de amortización del fondo de comercio que se anotó la empresa provienen de una operación con empresas del grupo, que la autoridad fiscal española considera simulada.

La Agencia Tributaria española ha investigado la operación por la cual el Grupo Bupa Sanitas adquirió participaciones de Bupa Care Homes —sociedad radicada en Reino Unido—, a la sociedad Bupa Treasury —también domiciliada en Reino Unido—. Todas estas compañías forman parte a su vez del Grupo Bupa, cuya matriz es la británica The British United Provident Association.

La Agencia Tributaria se ha mostrado contundente, según las fuentes cercanas al proceso. La institución pública considera que la operación de compraventa que considera simulada no tiene efecto fiscal alguno. Por eso, entiende que esta conducta podría calificarse como defraudatoria.

En sus cuentas anuales los administradores explican que la sociedad “está siendo inspeccionada por las autoridades fiscales en su presentación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2007 a 2010, por lo que el ejercicio 2007 permanece abierto”. Sin embargo, los administradores no esperan que de esta inspección o de otras que pudieran producirse “pudieran surgir pasivos adicionales de importancia”. La sociedad ganó en 2012 48,45 millones de euros, frente a los 343 millones logrados en 2011. Ingresó 66,2 millones en 2012, último año depositado en el Registro Mercantil.

La compañía se pudo beneficiar de operaciones con otras firmas del grupo

Un portavoz de la empresa recalca que “Sanitas, con más de 50 años de historia, siempre ha hecho frente al pago de impuestos conforme a la normativa española”. La sociedad afronta la investigación de Hacienda con discrepancias y diferencias de criterios en la aplicación de los tributos. “La compañía se encuentra en un proceso de inspección fiscal, de los que se realizan de forma rutinaria y periódica a las grandes empresas, en el que es habitual que puedan surgir discrepancias de interpretación con la Agencia Tributaria”, admite la sociedad, que recuerda que aun no ha recibido ninguna comunicación oficial definitiva sobre el citado acta.

La Agencia Tributaria acusa al grupo Bupa Sanitas de defraudar porque rechaza que la operación de compra de participaciones se trate de una operación habitual entre un grupo de sociedades, según explican fuentes conocedoras del expediente.

La autoridad tributaria deduce que existe intención de defraudar y lo deduce de la actuación del obligado tributario. Afirma en el expediente, según las citadas fuentes, que no puede calificarse más que de voluntaria la actuación de la sociedad Grupo Bupa Sanitas que refleja en su declaración del impuesto de sociedades, de los ejercicios de 2007 a 2010, gastos financieros y amortización de fondo de comercio derivados de un negocio jurídico simulado.

Uno de los peores agujeros que tenía el sistema fiscal español era la barra libre para la deducción de los gastos financieros en el impuesto de sociedades. Algunas compañías se beneficiaron de esta grieta para rebajar sus pagos al fisco. Crearon estructuras de ingeniería tributaria y financiera para acogerse a este beneficio fiscal. El Gobierno decidió limitar en 2012 la deducción de gastos financieros ante la sangría que suponía para las arcas públicas